Por Francisco Torroba (*)
En los últimos dos meses hemos asistido al triste espectáculo de empresarios y ex funcionarios haciendo cola en Comodoro Py para confesar y reconocer su participación en los mayores hechos de corrupción de la historia argentina.
Para lograr un mejor posicionamiento jurídico, muchos empresarios (el Club de la Obra Pública) se han presentado como víctimas de un sistema y no como partícipes activos y necesarios de una actividad delictiva que tuvo como objeto enriquecerlos a ellos y a funcionarios inescrupulosos.
La cartelización y los sobreprecios de la obra pública exceden el financiamiento de las campañas políticas del Frente para la Victoria, como se ha querido instalar. No se trata de delitos electorales, sino de defraudación al Estado y a millones de argentinos que pagamos nuestros impuestos.
Defraudación en momentos en que la pobreza supera las 12 millones de personas, y gran parte de la población carece de agua potable, cloacas y gas.
Esta acumulación de poder y riqueza por parte de los empresarios de la Patria Contratista y de sectores de la política y del Poder Judicial requieren que el peso de la ley les caiga sin atenuantes. Que no haya impunidad.
La Justicia tiene que diferenciar a los políticos, jueces y empresarios corruptos de los honestos. El país espera, con alguna cuota de ilusión.
(*) Ex Intendente de Santa Rosa