Revelan que la mayoría de los piqueteros imputados cobraban un plan social.
La mayoría de los piqueteros imputados en la causa por la presunta extorsión de dirigentes sociales contra los sectores más pobres de la Argentina cobran un plan social por parte del Estado Nacional. Son diecinueve de los veintiocho acusados que pertenecen al Polo Obrero, Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL). Los datos surgen del llamado a indagatoria, allanamientos y pedidos de detención que el fiscal federal Gerardo Pollicita le realizó al juez Sebastián Casanello. Ante una consulta de este medio, la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anticipó que “los vamos a dar de baja de inmediato”.
Como ya informó este medio, uno de los principales involucrados en el expediente, Jeremías Cantero, integrante de la conducción nacional del Polo Obrero, fue funcionario del ex Ministerio de Desarrollo Social. Infobae accedió a documentación accesoria que revela que el dirigente de izquierda cobraba entre medio millón y más de ochocientos mil pesos, como integrante de la Cartera Social, mientras Eduardo Belliboni, líder del Partido Obrero, se manifestaba frente al edificio del histórico edificio de 9 de Julio y Moreno, para solicitar alimentos y más planes sociales.
Cantero, mano derecha de Belliboni, ocupó el séptimo lugar entre los diputados nacionales de la lista 502 del Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad del 23 de octubre pasado.
Según los registros de la ANSES, Cantero ingresó a la Secretaría Nacional de Niñez en enero de 2020 y continuó cobrando del Estado hasta el mes de abril de 2024, es decir, hasta ocho meses antes que el Gobierno de Alberto Fernández dejara el poder en manos de La Libertad Avanza.
En los últimos seis meses, sus honorarios oscilaron entre los $535.122 y los $852.946. Según esa misma documentación, la fluctuación de los importes se debieron la las “horas extras” que realizaba el piquetero acusado por el fiscal Pollicita estar en “un escalón superior a los referentes de cada comedor”. En el expediente se afirma que el ex funcionario “coordinaba el funcionamiento de varios comedores en la Ciudad de Buenos Aires e intervenía desde esa posición en la toma de decisiones acerca de las exigencias coactivas y extorsivas a las víctimas”.
(Infobae)