La modificación desató críticas políticas y técnicas.
El presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Berhongaray, presentó fuertes objeciones y lamentó la falta de convocatoria amplia en la demanda colectiva que la provincia presentó en la justicia federal.
Berhongaray dijo que la reforma “claramente fortalece el dominio originario provincial de los recursos naturales y debilita el carácter uniforme del estándar nacional”, y advirtió que la consecuencia será un inventario con muchos menos glaciares. Explicó que la norma cambia la obligación de inventariar “todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas” por un requisito limitado a aquellos que “cumplan funciones de reserva estratégica o recarga de cuencas”. “Eso transforma una protección amplia en una protección condicionada a una función específica”, sostuvo.
El dirigente añadió que la función hídrica de ciertas geoformas no siempre es verificable de inmediato ni es estática, por lo que reducir el inventario a lo que hoy se considera funcional puede ignorar dinámicas climáticas y excluir formaciones que en el futuro podrían ser estratégicas. También criticó que la reforma autoriza a las provincias a excluir bienes del régimen de protección, lo que, según él, debilita el “rol técnico y la influencia política de la Nación” y atenta contra la igualdad ambiental entre jurisdicciones.
Sobre la demanda en la justicia federal —impulsada por el gobernador provincial junto con la universidad y organizaciones civiles— Berhongaray dijo no apoyar la medida en sus términos: “No conozco los términos de la demanda porque hasta donde sé no se le dio participación al resto de las fuerzas políticas. Sólo se invitó a los legisladores y creo que una hora antes del anuncio. Una pena porque siempre la defensa de los recursos hídricos se trató como una cuestión de Estado”.
Críticas, desafíos y próximas etapas.
Organizaciones ambientalistas exigieron mapas actualizados, participación comunitaria y garantía de recursos técnicos para la fiscalización. El sector minero y actores de desarrollo reclamaron criterios claros para proyectos preexistentes en áreas limítrofes a glaciares, buscando evitar conflictos legales.
Para que la reforma cumpla efectos concretos, especialistas coinciden en la necesidad de reglamentación técnica, cartografías precisas, financiación sostenida y coordinación interinstitucional. La disputa política por la amplitud del estándar nacional y la capacidad de las provincias para modular la protección promete continuar en los tribunales y en el debate público.
La reforma de la Ley de Glaciares abre una nueva etapa normativa y política sobre la gestión de recursos hídricos y territorios glaciológicos. Más allá del texto legal, su impacto dependerá ahora de la definición técnica de inventarios, la asignación de recursos y la articulación entre Nación, provincias, comunidades y centros de investigación.