El radicalismo pregunta porqué no se iniciaron las acciones judiciales.
El Bloque de diputados provinciales de la UCR presentó un Proyecto de Resolución, solicitando al gobernador Sergio Ziliotto informe los motivos por los cuales no se han iniciado las acciones judiciales correspondientes contra el Gobierno Nacional con motivo de la barrera sanitaria dispuesta por SENASA sobre el Río Colorado que impide el paso de carne hacia Río Negro y Neuquén.
En los fundamentos los legisladores expresan que “la discusión en torno a la barrera sanitaria instalada por SENASA al sur de La Pampa que impide ampliar el mercado de carnes con hueso de nuestra provincia hacia el resto de las provincias patagónicas, ha sido un tema recurrente durante el período del gobierno anterior del ex Gobernador Carlos Alberto Verna.
En su discurso de apertura de la 90 Exposición Rural de Santa Rosa en el año 2016, como en tantos otros discursos públicos, el ex gobernador Carlos Verna manifestó que la barrera impuesta por el Senasa no se trataba de una barrera sanitaria sino de una barrera comercial, política e inconstitucional, manifestando que de no obtener respuesta favorable por parte de dicho organismo, recurriría a la Justicia para ello.
Asimismo, el Vicegobernador y Presidente de esta legislatura, Dr. Mariano Fernández, expuso la postura de nuestra provincia en la sesión inaugural del Parlamento Patagónico, celebrado en Chubut en el año 2016, manifestando que “es muy evidente, que la barrera impuesta al sur del río Colorado ya no es una medida de protección sanitaria y fitosanitaria sino que se ha convertido en una eficaz barrera al comercio...con toda humildad también venimos a plantear que estas medidas no deben constituir, de manera alguna, un medio de discriminación arbitraria o injustificable entre provincias donde prevalecen las mismas condiciones, o como una restricción encubierta al comercio interprovincial”. En dicha oportunidad el Vicegobernador solicitó adjuntar a las versiones taquigráficas de la sesión del Parlamento Patagónico el dictamen sobre el tema del constitucionalista Gil Domínguez. Este último argumentó en su dictamen que “en la medida que la carne con hueso producida en la Provincia de La Pampa cuente con la debida autorización por parte de los órganos competentes del Estado federal, la imposición de una barrera fitosanitaria que impide su libre circulación y comercialización, configura una situación que conculca la prohibición de aduanas internas, la libre circulación de productos y la libertad de comercio interprovincial previstos por los artículos 9, 10, 11 y 75 inc) 13 de la Constitución Argentina”.
En este contexto, y luego de reiteradas manifestaciones de judicializar el reclamo, desconocemos los motivos por los cuales el gobierno provincial no ha dado inicio a las acciones judiciales pertinentes que están avaladas el dictamen de un experto en derecho constitucional.
Entendemos que hoy, ante el cierre de las exportaciones de carne dispuesto por el Gobierno Nacional mediante decreto 75/2021 del 20 de mayo pasado, decisión respaldada por el Gobernador Sergio Ziliotto, el sector ganadero necesita expandir su mercado dentro de los límites del territorio nacional. En este sentido, los frigoríficos pampeanos, ante la imposibilidad de exportar, necesitan colocar su faena en el mercado interno, para lo cual las provincias patagónicas constituyen un nicho a explorar. De lo contrario, la merma de trabajo y de las ventas de las plantas de faena, traerá aparejado el despido de personal como ya ha ocurrido en el caso de frigorífico Carnes Pampeanas con 35 despidos, y frigorífico General Pico, con 65 despidos, según datos aportados por el Secretario General del Gremio de la Carne Dardo Loza.
Somos testigos de las gestiones infructuosas del gobierno provincial para el levantamiento de la barrera sanitaria (lo cual constituía una política de estado) y de las amenazas con accionar judicialmente en caso de ser necesario, lo cual no ha ocurrido aún, desconociendo los motivos por los cuales esas amenazas no se han hecho realidad”.