Mónica Molina”
Cada 8 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer surgen discusiones por doquier. Algunas van desde el cuestionamiento al aprovechamiento comercial que se hace de la fecha y el consabido “feliz día” que se nos dedican a las mujeres, otras que se reconcentran en las luchas por la históricas deudas que hay con nosotras y, últimamente vengo escuchando reclamos de algunos varones que sueltos de cuerpo dicen ¿Y el día de los hombres para cuando? como si, además de todo lo que nos incumbe, también tuviéramos que hacernos cargo de recordar su día.
Queda claro, a través de la historia que la rebelión de las mujeres en búsqueda de mejores condiciones de trabajo, por caso hay que recordar las obreras textiles, y la militancia activa de mujeres provenientes del socialismo y el comunismo son el umbral de partida de un largo camino en defensa de la igualdad, de la equidad. De aquella segunda conferencia de mujeres socialistas realizada en 1910 en Copenhague, Dinamarca a propuesta de Lena Morrow y May Wood Senior del partido socialista norteamericano con el apoyo de Clara Zetkin se instaura el 8 de marzo como día Internacional. Así es como fue extendiéndose y adquirió diversas significaciones.
Retome brevemente esta referencia pasada una centuria como antesala de interrogantes, reflexiones que podemos hacer sobre una fecha que trasciende la efeméride para tener una real dimensión del sentido político que la misma tiene.
La lucha de las mujeres es esencialmente política e ideológica. Política porque cada paso que se gestó a la vez se transformó en acción política para transformar un status dado que nos ubicaba en planos secundarios, cuando no invisibilizado. Inevitablemente ideológica porque los intereses en pugna tienen su andamiaje en cuestionar y rebelarse al sistema patriarcal. Es decir, las mujeres subordinadas a un orden que tiene como centro y vara de todas las cosas al hombre. Aún, cuando por distintas vertientes de los feminismos nos aboquemos a la reflexión sobre nuestra condición, no caben dudas que muchas de las demandas que nos preocupa tienen en el origen de su causa al sistema patriarcal, jerárquico en detrimento de nosotras, las mujeres.
¿Cómo adentrarnos entonces en las Políticas Públicas a partir de reconocer un camino recorrido? Para ello, es necesario identificar cuáles son aquellos obstáculos ideológicos y políticos, analizar el por qué de la persistencia de las inequidades en el acceso a los bienes económicos, a los puestos de decisión, al trabajo, a la justicia, aunque, lo que es más grave aún, al severo cuestionamiento que la sociedad debe plantearse frente a los peligros que nos acechan, como las violencias en todas sus expresiones llegando al extremo de los femicidios.
De manera que, alcanza con analizar los reclamos actuales de las organizaciones feministas con sus puntos más altos como el #Ni Una Menos para mensurar las problemáticas que nos afectan y qué efecto tienen o no las políticas públicas implementadas por el Estado. Si es que podemos hablar de Políticas.
Los nombres a lo largo y ancho del país de mujeres asesinadas son un rojo en el debe del Estado. En La Pampa con solo recordar los femicidios de Verónica Feraude, Angélica Gandi, Andrea López, Carla Figueroa, Sofía Viale, Zulema Liek, vidas truncadas, que dan cuenta de la sucesión de falencias, ausencia y desidia en la acción u omisión por parte de funcionario/as públicos, provinciales o municipales a la hora de hablar de su compromiso y trabajo en el diseño e implementación de un plan de acción.
Líneas de intervención que revisen lo actuado y pongan el acento en la transformación de los dispositivos que no dieron resultado para la resolución de una problemática.
Rara vez se vincula estos sucesos –violencia de género, femicidio- que tienen a las mujeres como víctimas en un momento determinado de sus vidas con las “grandes políticas”, mucho menos a la hora de las campañas electorales. Difícilmente escuchemos o leamos en los artículos periodísticos un interés particular a la hora de ponerse en discusión, por ejemplo, los presupuestos provinciales y los fondos destinados a menguar la brecha de las inequidades que afectan a las mujeres.
Nos golpean los femicidios, uno tras otro, todos los días. Cada 30 horas es asesinada una mujer en nuestro país. La más dramática de las noticias diarias, que pese a su gravedad no hubo estadísticas oficiales, no hubo articulación ni coordinación entre los estamentos del Estado, por lo tanto no se cumplió con la Ley Nacional N° 26.485 de orden público sancionada en marzo de 2009.
Esto pone en evidencia la falta de decisión política en las diversas gestiones que plasmen con seriedad políticas que sean sustentables en el tiempo. No hay un solo espacio (refugio u otro dispositivo) que está a la altura de las circunstancias.
No hay una línea de trabajo que articule una política de anticipación (prevención) con la asistencia (servicios de emergencia, contención). De allí que la idea de “integral” sea más un discurso que una acción concreta.
Por otra parte, rara vez se emparenta esta ausencia de políticas públicas con enfoque de género con la corrupción. En la apertura del “Foro Internacional de mujeres contra la corrupción” realizado en Buenos Aires en el 2008, la arquitecta, Ana Falú, por entonces coordinadora de UNIFEM- Brasil y Cono sur expresaba: “la corrupción, cuando se ejerce sobre los bienes del Estado sobre la res pública, la cosa pública, significa retraer recursos a la aplicación de políticas. ¿Cuáles? se preguntó en aquella oportunidad Falú, las políticas sociales que son las que afectan más directamente a la vida de las mujeres, sobre todo a la vida de las mujeres de determinados sectores”.
Entonces, definir por parte del Estado un plan de acción desde una perspectiva de género, supone la articulación, la coordinación de sus recursos y por lo tanto, implica también tomar decisiones políticas. En este sentido, no hacerlo es no tener en cuenta un enfoque basado en los Derechos Humanos de las mujeres, por lo tanto es “saltear” el compromiso con las leyes y tratados que amparan al género femenino.
Podemos citar más ejemplos. Un/a ginecólogo/a que es objetor de conciencia en el hospital público por la mañana, mientras que por la tarde en su consultorio privado receta DIU, ligadura de trompas, es decir aquello que se negó hacer en el sistema de salud pública, un juez o fiscal que hace la vista gorda frente al proxenetismo en las calles, una mujer que tiene que caminar diez cuadras para dejar un hijo en el jardín, llevar a otros en la escuela de un barrio distinto al suyo, sin transporte público porque no ingresa el colectivo a su barrio; una niña que queda embarazada y se pretende judicializar un aborto no punible cuando antes no se le brindó educación sexual en la escuela pública o se desestimó la denuncia sobre abuso que hizo un familiar son algunas de las situaciones que a diario escuchamos y, que tienen como rasgo común actos públicos. En todos estos casos tuvieron que ver funcionarios/as que en ejercicio de sus funciones omitieron o mal desempeñaron una función por la que reciben un sueldo proveniente de erario público.
Una democracia que pretenda el desarrollo de sus comunidades no puede soslayar los obstáculos y desafíos que implican la persistencia de la inequidad y la desigualdad, mucho menos el riesgo que supone a una mujer ejercer la autodeterminación con plena libertad. Aún cuando éstas –inequidad y desigualdad- sean por cuestiones étnica, de clase, entre otras, la más profunda y persistente es la brecha existente entre hombres y mujeres en perjuicio de ellas.
De allí, que cualquier desarrollo que se pretenda para una comunidad tendrá que poner el foco de atención en incluir en sus planes de gobierno el enfoque de género con la activa participación de las mujeres.
*Lic. en Comunicación Social
Integrante de Red PAR