En la localidad de Victorica no se encuentra funcionando
La diputada provincial Patricia Testa (Frepam) presentó en la legislatura un Proyecto de Resolución solicitando la puesta en funcionamiento de la Unidad Regional de Niñez y Adolescencia (Zona Oeste), con sede en la localidad de Victorica (L.P), “indispensable para el cumplimiento de sus fines por los cuales fueron creadas, atento que a la fecha la Unidad en cuestión no se encuentra funcionando, ante la falta de profesionales, a raíz de la renuncia de los que se hallaban asignados”.
Entre los fundamentos, la legisladora menciona que “La Ley provincial N° 2703 en su artículo N°15, crea las Unidades Regionales, con el fin de descentralizar la Protección Integral de Derechos de la Niñez y Adolescencia. Nuestra provincia ha sido la última provincia en adherir a la Ley Nacional N° 26061, con todo el nuevo cambio de paradigma que ha implicado la conceptualización de considerar al niño como un sujeto de derecho. Son 7 las Unidades Regionales previstas, recientemente las creadas son las situadas en Ingeniero Luiggi, y 25 de Mayo.
En la actualidad, están ya establecidas en: Victorica, Santa Rosa, General Pico, General Acha y queda pendiente la que corresponde a Macachín”.
Entre las funciones de las mencionadas unidades destaca que se deben ejecutar los programas, planes, servicios y toda otra acción que tienda a prevenir, asistir, proteger o restablecer los derechos de las Niñas, los Niños y las/los Adolescentes. Recibir y tramitar denuncias e intervenir de oficio ante el conocimiento de la posible existencia de violación o amenaza en el ejercicio de los derechos de las Niñas, los Niños y las/los Adolescentes. Propiciar y ejecutar alternativas tendientes a evitar la separación de la Niña o el Niño de su familia o de sus guardadores o de quien tenga a su cargo su cuidado o atención y además decidir la aplicación de las medidas de protección de carácter ordinario.
Finalmente, Testa afirma que “las funciones de quienes estén frente a estas Unidades Regionales implican desplegar todas las acciones tendientes a prevenir, asistir, proteger o restablecer los derechos vulnerados de los Niños, Niñas, Adolescentes y Familia en estado de desprotección. Desde denunciar, o intervenir de oficio ante el conocimiento de la posible existencia de violación o amenaza en el ejercicio de los derechos, hasta decidir la aplicación de las medidas de protección de carácter ordinario”.