Ley de Responsabilidad Penal Empresarial

Duras penas a las empresas por ganancias obtenidas en hechos de corrupción.

 

Se aprobó en la Cámara de Diputados de la Nación esta semana, luego de las modificaciones incorporadas en el Senado, la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, que apunta a sancionar a las empresas privadas por actos de corrupción en contra de la Administración Pública Nacional.
El diputado nacional Francisco Torroba (U.C.R) consultado por Pampa Noticias, brindó detalles de la ley aprobada, manifestando “ esta iniciativa legislativa apunta a sancionar a aquéllas empresas nacionales o extranjeras que cometan delitos contra la administración pública. Hasta ahora solamente las personas humanas eran las únicas que tenían responsabilidad de tipo penal”.
Acerca del impacto que generará esta nueva ley, Torroba aseveró que “es un avance importante para acotar y combatir la corrupción. La Argentina pretende de esta manera cumplir con el convenio anticorrupción suscripto con la OCDE, (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico), al cual nuestro país pretende ingresar”.
Detalló además que “El proyecto prevée penas a las empresas que van de 2 a 5 veces del valor de la ganancia obtenida por la conducta delictiva”.

 

La Ley dispone que las empresas podrán eximirse de pena cuando concurran tres cuestiones:

a) Cuando hayan en forma espontánea denunciado un delito previsto en la ley, detectado internamente por la empresa.
b) Cuando se haya implementado dentro de la empresa un adecuado sistema de control, conocido como Programa de Integridad o Complaince.
c) Cuando haya devuelto el beneficio obtenido.

 

 

El legislador aseveró que “la presente ley es un paso mas en la lucha contra la corrupción, que se ha convertido en la Argentina en uno de los males que conspira contra su desarrollo. Corrupción y progresismo son incompatibles. La corrupción involucra tanto al sector empresarial, como al público. Para que exista un corrupto tiene que haber quien corrompa”.
Finalmente Torroba dijo que “caminamos en esta dirección. Fijar penas e imponer procedimientos a las empresas para evitar y combatir la corrupción”.