Por Redacción.
El acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, anunciado como uno de los pactos birregionales más ambiciosos del mundo, vuelve a instalarse en el centro del debate público. En la provincia de La Pampa, su posible entrada en vigencia genera expectativas, pero también algún grado de incertidumbre por sus implicancias económicas, productivas, ambientales y sociales.
En una Argentina con una economía con características cerrada, modelo que se ha profundizado en los últimos años, todo proceso de integración resulta positivo, siempre y cuando se analicen en detalle las condiciones y alcances de cada acuerdo.
La Pampa, cuya matriz productiva está fuertemente ligada a la ganadería bovina, la agricultura y la industria alimentaria, mantiene expectativas sobredimensionadas en el corto plazo. Sin embargo, por las características del acuerdo, en el mediano y largo plazo no se prevén impactos económicos positivos inmediatos para los sectores agroalimentarios de la provincia.
Desde el sector agroexportador, algunos actores destacan la posibilidad de acceder a un mercado de más de 450 millones de consumidores europeos, con aranceles reducidos o eliminados para productos como la carne, los granos y ciertas manufacturas de origen agropecuario.
Sin embargo, otras voces advierten que esos beneficios podrían ser limitados y concentrados en pocos actores. “La apertura comercial no garantiza desarrollo para las economías regionales si no hay políticas de protección y fortalecimiento del entramado productivo local”, señalan desde organizaciones sindicales y cooperativas pampeanas. En ese sentido, temen que el ingreso de productos industriales europeos, con mayor valor agregado y competitividad, afecte a las pequeñas y medianas empresas de la provincia.
Uno de los puntos más sensibles para La Pampa es el impacto ambiental. La UE exige estándares sanitarios y ambientales elevados, lo que podría implicar mayores costos de adaptación para los productores locales. Al mismo tiempo, sectores ambientalistas alertan que el acuerdo podría incentivar un modelo extractivista, con mayor presión sobre los suelos y los recursos naturales, en una provincia históricamente afectada por la desertificación y la escasez hídrica.
Desde el ámbito político, el debate también atraviesa al gobierno provincial y a los representantes legislativos. Mientras algunos consideran que el acuerdo debe analizarse en clave estratégica y de largo plazo, otros reclaman una participación más activa de las provincias en las negociaciones. “No se puede decidir desde Buenos Aires o desde Bruselas sin escuchar a los territorios que van a asumir los costos”, sostienen referentes pampeanos.
A nivel social, la incertidumbre se traduce en preocupación por el empleo. La posible pérdida de competitividad de ciertos sectores industriales podría derivar en cierre de fábricas o reducción de puestos de trabajo, especialmente en localidades del interior provincial donde la actividad económica depende de pocas fuentes de ingreso.
En este contexto, la injerencia del acuerdo UE–Mercosur en La Pampa no es un tema abstracto ni lejano. Se trata de una discusión concreta sobre el modelo de desarrollo, la soberanía productiva y el futuro de la provincia. A la espera de definiciones a nivel nacional e internacional, el desafío será lograr que cualquier integración comercial contemple las particularidades pampeanas y no profundice las desigualdades existentes.
La Unión Europea, históricamente reticente al comercio de alimentos provenientes de Argentina y Sudamérica, avanza en este contexto en un escenario de franca decadencia política. La decisión se explica, en parte, por un escenario internacional adverso: la política exterior de Estados Unidos, marcada por la gestión de Donald Trump, que ignora a China como potencia económica mundial y mantiene una disputa abierta con Rusia. En este marco, Europa actúa desde una posición de debilidad, en un intento por recuperar iniciativa y prestigio político, aunque los efectos concretos del acuerdo demandarán tiempo en materializarse.
Argentina enfrenta una clara desventaja estructural para competir en un escenario de mayor apertura comercial. Su sistema financiero es raquítico y prácticamente inexistente para el sector productivo, con créditos escasos, de alto costo y una presión tributaria que no contribuye al desarrollo económico. A esto se suma un tipo de cambio atrasado, que limita la competitividad externa.
El país, además, arrastra un marcado rezago en materia de infraestructura. El bajísimo nivel de inversión constituye uno de los principales talones de Aquiles de la economía argentina y condiciona cualquier estrategia de crecimiento sostenido.
En este contexto, el exceso de optimismo que se observa en algunos sectores del complejo agroalimentario contrasta con la realidad. Los eventuales beneficios no serán inmediatos: el sector agroindustrial europeo es sólido, altamente competitivo y ha sido fuertemente subsidiado durante décadas. Se trata de un actor duro, que difícilmente habilite una competencia abierta y plena con el Mercosur en el corto plazo.
Tampoco se vislumbra una mejora sencilla para el entramado industrial. La competitividad no llegará de manera automática y, en particular, las pequeñas y medianas empresas —que hoy atraviesan un momento crítico— no se verán necesariamente favorecidas por este escenario.