El proyecto creado por el diputado, Abel Sabarots, pretende creación de fiscalías especializadas en violencia institucional, que trabajen con su propio equipo multidisciplinario a fin de que les sea posible llevar a cabo una investigación independiente de las fuerzas de seguridad. Con lo cual no serian obligados a recurrir a organismos nacionales o de otras provincias. El presente proyecto tiene la intención de crear oficinas especializadas, integradas por expertos en las distintas áreas que tiendan a verificar adecuadamente el advenimiento de sucesos en los que se cometen abusos utilizando el aparato estatal.
Por otra parte, propone que se brinde información sobre los hechos de violencia institucional: "consideramos que es una herramienta fundamental para el control social, y para evaluar el funcionamiento de las instituciones estatales encargadas de ejercer el poder de policía estatal, contar con la información adecuada respecto de los hechos de violencia institucional acaecidos es, además, de vital importancia para definir una política criminal clara que asegure los derechos fundamentales de todos los habitantes de la provincia.", transmitió Sabarots.
La Violencia Institucional se trata básicamente de prácticas estructuradas de violación de derechos por parte de funcionarios públicos pertenecientes a las fuerzas de seguridad, y todo agente estatal que actúe en contextos de restricción de la autonomía o libertad (como son los supuestos de detención, encierro, entre otros), como también en cualquier ámbito público, sea que el funcionario se encuentre en estado activo o pasivo. Este tipo de violencia vulnera los derechos de todos, pero fundamentalmente, a determinados grupos excluidos de la sociedad: los pobres, los jóvenes, los llamados LTGB (Lesbianas, Travestis, Gays y Transexuales), ya que el accionar de estos agentes está teñido por rasgos discriminatorios, prácticas abusivas históricas en nuestro país y por sobre todo, amparadas por un desinterés estatal (tanto a nivel político como judicial).
Los fundamentos se basan en que este nivel de violencia, por sobre estos distintos grupos vulnerables de la ciudadanía, es una de las mayores deudas que aún tiene la democracia. La imposición de condiciones inhumanas de detención, muertes violentas y dudosas en situación de encierro, los famosos casos de “gatillo fácil”, el uso abusivo del poder coercitivo estatal, son algunas de las tantas modalidades en las que se visibiliza la violencia institucional. Este tipo de violencia tiene como fuente las propias instituciones estatales, y que por dicha razón se encuentra “amparada” por cierta legitimidad y por un manto de impunidad.
Mediante la creación y puesta en funcionamiento de Fiscalías especializadas en Violencia Institucional, se aseguraría la transparencia y objetividad de los procesos en la los derechos humanos por parte dos que se investiguen hechos relacionados a esta temática, erradicar estas prácticas abusivas y ultrajantes de agentes de seguridad.