Casi 26 millones de argentinos presentan sobrepeso u obesidad.
En el marco del XXIII Congreso Argentino de Nutrición, expertos debaten la magnitud de esta problemática en el país y la brecha entre la producción y el acceso a alimentos saludables. La importancia de declarar la obesidad como una enfermedad crónica
En un momento en que la obesidad aparece como uno de los desafíos más urgentes para la salud pública, la Argentina se prepara para un encuentro clave en Buenos Aires. Se trata del XXIII Congreso Argentino de Nutrición que no solo convoca a especialistas y legisladores, sino que pone sobre la mesa un proyecto inédito: declarar la obesidad como enfermedad crónica.
El congreso, que se desarrollará del 3 al 5 de septiembre de 2025, promete marcar un punto de inflexión en el modo en que el país discute, previene y trata esta problemática, mientras crecen las preocupaciones por el acceso real a una dieta saludable para millones de personas.
Casi 26 millones de argentinos presentan sobrepeso u obesidad y la baja calidad y variedad alimentaria persiste en los sectores más vulnerables, según un documento elaborado por expertos, presentado en el Congreso Argentino de Nutrición. El análisis, coordinado por Sergio Britos y difundido en uno de los principales encuentros científicos en la disciplina en el país, señala que la crisis del acceso a dietas saludables se extiende hace años, con consecuencias visibles en la salud de la población.
Este señalamiento sucede en paralelo al “Proyecto de Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de la Obesidad en la República Argentina”, que ingresó en noviembre de 2024 a la Comisión de Salud del Senado.
De acuerdo con el documento titulado “Sistema alimentario en la Argentina: seguridad alimentaria, dietas saludables y salud ambiental”, las dificultades van más allá de la cantidad de alimentos.
El texto describe un patrón alimentar que mezcla excesos calóricos con déficits de nutrientes y advierte que las dietas insuficientes y poco diversas afectan especialmente a la infancia y los sectores de menores ingresos.
“En las últimas décadas, se consolidó un patrón alimentario que combina exceso de calorías con déficit de nutrientes esenciales y de alimentos clave en la dieta. La mayoría de los argentinos realiza una dieta muy desequilibrada que conduce a múltiples deficiencias y a enfermedades crónicas. Pero no se trata de una responsabilidad individual: forma parte de un sistema alimentario que desde un inicio no tiene como objetivo explícito producir suficientes dietas saludables, acompañado de una economía que limita el acceso a las mismas y una visible ausencia de Educación Alimentaria y Nutricional”, afirmó Sergio Britos, quien también ocupa el cargo de vicepresidente del Congreso.
El informe detalla que la malnutrición atraviesa todas las etapas de la vida. En los niños, existen déficits marcados de hierro, vitamina D, calcio, zinc y ácidos grasos esenciales, mientras que en los adolescentes persisten bajas ingestas de vegetales, frutas y lácteos, junto a elevados consumos de harinas refinadas y productos panificados.
En adultos, se registran altos niveles de obesidad y prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial y patologías cardiovasculares. Además, la inseguridad alimentaria afectaba al 35,5% de los niños y adolescentes en 2024, lo que representa que más de uno de cada tres chicos no logra un acceso estable y completo a los alimentos que necesita.
Ayelén Borg, licenciada en Nutrición y coautora del informe, puntualizó en el texto: “La malnutrición no es solo la falta de comida. Es muy especialmente el hambre de calidad. Y los datos muestran que nuestro sistema alimentario no es eficaz en asegurar lo más básico: que todos puedan acceder a alimentos frescos, variados y nutritivos”.
El análisis advierte que, si bien existe en Argentina una disponibilidad energética superior a las 3.300 calorías y 120 gramos de proteínas por persona, la producción se enfoca principalmente en granos, aceites y carnes, relegando frutas, verduras, legumbres y lácteos.
Solo las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe abastecen una parte relevante de alimentos saludables, mientras que otras regiones dependen de productos enviados desde largas distancias, lo que encarece los costos y reduce la posibilidad de consumo local.
“Cuando uno observa qué se produce y qué se come, queda claro que no hay una estrategia ni objetivos nutricionales que orienten al sistema alimentario. Es clarísimo que las Guías Alimentarias (GAPA) no se utilizan ni se visibilizan como faro del sistema. Se produce en función a los incentivos propios del mercado y de las políticas definidas por los Gobiernos y no existen otros (incentivos) que favorezcan mayores equilibrios desde una perspectiva de salud y nutrición, ni estrategias que modifiquen los comportamientos de los consumidores en favor de las dietas más saludables”, afirmó Britos.
El costo relativo de los alimentos nutritivos es otro punto clave. El informe señala que comprar 100 calorías de frutas, verduras o lácteos puede costar hasta siete veces más que esa misma cantidad aportada por panificados o harinas, y tres veces más que otras opciones de bajo valor nutricional.
Este fenómeno repercute especialmente en los hogares de menores recursos: entre 2018 y 2025, los alimentos más saludables mantuvieron precios sistemáticamente más altos. La dieta de los sectores vulnerables resultó poco suficiente en cantidad y, sobre todo, muy limitada en calidad.
Según la licenciada Borg, “el sistema impositivo también impacta de manera negativa y regresiva: hasta el 40% del precio de los alimentos está compuesto por impuestos. Eso encarece aún más lo saludable y refuerza la desigualdad. Hay que poner este tema en la agenda y -en el marco del necesario equilibrio fiscal- pensar en formas creativas para que los mejores alimentos tengan menor carga impositiva”.
Las herramientas oficiales tampoco garantizan una alimentación de calidad. El texto destaca que la Canasta Básica de Alimentos (CBA), referencia para medir la pobreza, no representa una dieta saludable, ya que los alimentos más nutritivos cuestan en promedio un 37% más que el valor asignado por el INDEC.
Además, los programas públicos, como el Plan AlimentAr, funcionan más como transferencias económicas que como instrumentos enfocados en la nutrición, mientras que los comedores escolares y comunitarios tienen problemas de infraestructura y calidad en los menúes. También el Apoyo Alimentario 1000 Días, enfocado en la primera infancia, no garantiza el acceso efectivo a productos saludables.
En la visión de los expertos, el retroceso en los esquemas de producción local agrava el panorama.
La discontinuidad del programa ProHuerta es mencionada como un ejemplo de la falta de estrategias articuladas para fomentar la producción y el consumo cercano de alimentos. “El enfoque fragmentado y compensatorio de las políticas alimentarias debe cambiar. Necesitamos una visión de conjunto, con foco en calidad nutricional y articulación entre sectores”, consignó Britos.
Los especialistas pusieron especial atención en el Etiquetado Frontal de Alimentos, normativa vigente desde hace dos años. Si bien un poco más de la mitad de la población declara disposición a usarlo, el documento advierte que solo una parte realiza cambios concretos en sus compras, mientras que el 30% continúa eligiendo los mismos productos. Aún no hay evidencia suficiente sobre el impacto real en la dieta.
Para mejorar el uso del etiquetado, los autores proponen campañas educativas sostenidas y subrayan que otras disposiciones de la ley, como la promoción de alimentación saludable en las escuelas, todavía no muestran un despliegue pleno o información pública sobre su aplicación.
Otro aspecto abordado es la pérdida y desperdicio de alimentos. Aunque los diagnósticos y los sistemas de rescate avanzaron, las pérdidas en supermercados y hogares siguen altas. El documento asegura que reducir estas ineficiencias tendría impactos positivos sobre el ambiente, la economía y la oferta de productos frescos y variados.
La educación alimentaria aparece como un eje central que requiere reformas. Las Guías Alimentarias para la Población Argentina, aunque técnicamente sólidas, apenas logran un alcance real por su baja implementación en políticas públicas. Los expertos recomiendan adaptar sus mensajes a públicos diversos y vincularlos con acciones directas en escuelas, hogares y mercados.
“La educación es fundamental, pero no alcanza con decirle a la gente qué debe comer si no tiene los medios para hacerlo. Hay que enseñar, sí, pero también garantizar que lo aprendido se pueda poner en práctica”, concluyó Britos.
El trabajo contó con la coordinación y compilación de Sergio Britos y la coautoría de distintos especialistas como Mariana Albornoz, Cecilia Simonetti, Angela Zuleta, Fernando Vilella, Natalia Basso, Martín Bruno, Natalia Masferrer, Claudia Albrecht, Natalia Cervilla, Gerardo Gasparutti, Marcela Leal, Matías Bruschetti, Paula Gómez, Mariana Brkic, Mariana Batista, Ayelén Borg, Ileana Arriola, María Soledad Cabreriso y Alberto Arribas.
(Por Daniela Blanco)